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divendres, 11 de setembre de 2015

Gustavo Muñoz de Bustillo. 1978.


11 de septiembre. Autoridades varias van dejando flores a los pies de un alto funcionario reincorporado a la administración tras una guerra en la que los señores no tenían grandes problemas en cambiar de bando por un quítame allá esas posesiones. En mi pueblo, sin ir más lejos, la familia Marimon, austriacista de toda la vida, se despertó una mañana felipista y cedió los terrenos para la acampada de 10.000 soldados que iban haciendo el relevo en el sitio de Barcelona. Tanto arraigó el felipismo en el municipio que aún ahora, cuando hay elecciones, mucha gente sigue votando a Felipe González. Bueno, a lo que iba.

Diada del 11 de septiembre de 1978. Hay dos manifestaciones a la misma hora. Una la convocan los partidos que andan pactando la Transición y piden el Estatut. La otra está convocada por los que piden la libre autodeterminación de los pueblos. Ahí va Gustavo Muñoz de Bustillo, 16 años, militante del PCE(i). No hace falta decir cuál es declarada ilegal por la autoridad competente.

La manifestación avanza desde la calle Ferran hasta plaza Catalunya, por las Ramblas, y vuelta a la calle Ferran, donde la policía carga con virulencia. Gustavo Muñoz recibe un disparo de frente. Un médico intenta en vano reanimarlo protegido en un portal, mientras continúan los disparos de balas de goma y alguno de fuego real que impiden la rápida evacuación del herido. Gustavo Muñoz muere en el portal.

El entierro de Gustavo Muñoz se hará a escondidas. Anunciado para las cuatro de la tarde, la policía sacará el cadáver por la puerta de atrás del hospital, a mediodía, metido en una furgoneta. Lo entierran a toda prisa, convirtiendo la misa prevista por sus padres en un responso de dos minutos.

Cuando por la tarde llegan sus compañeros de militancia para un último adiós que no han podido dedicarle, la policía aprovecha para detener a una treintena y someterlos a 7 días de interrogatorios, sin abogados, incomunicados en los sótanos de Via Laietana. El PCE(i) queda descabezado.

El seguimiento judicial del caso se convierte en un interminable y esperpéntico partido de ping-pong entre Audiencia Nacional y juzgados de Barcelona, con conclusiones de sumario y revocaciones que son un indigno insulto a los familiares del fallecido. Cinco años después el caso es sobreseído y sepultado en legajos. 

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