Cercar en aquest blog

dilluns, 4 de desembre de 2017

Manuel José García Caparrós. 1977.


Hoy hace 40 años, el 4 de diciembre de 1977, unas doscientas mil personas se manifiestan pacíficamente por las calles de Málaga clamando por la autonomía de Andalucía. Hay familias enteras venidas de toda la provincia. La manifestación tiene todos los permisos gubernativos en regla y los partidos parlamentarios exhiben consenso y concordia. Los partidos han dado el visto bueno a que se cuelguen banderas andaluzas en los edificios oficiales.

Francisco ‘Pancho’ Cabezas, presidente de la Diputación, se pasa el acuerdo por el forro y no la cuelga. ‘Pancho’ Cabezas, falangista, próximo al Frente Anticomunista Español, gran amigo de Enrique del Pino, líder local de Fuerza Nueva. Cabezas ostenta el cargo avalado por el anterior gobernador civil, el psiquiatra José González de la Puerta, un tipo que ha centrado su mandato en limpiar Málaga de perros callejeros. Literalmente. Canis lupus familiaris. Bueno, y ya puestos, limpiarla también de elementos subversivos. El primo psicópata de Mr. Proper, vamos. Cosas de psiquiatra.

La manifestación llega al Palacio de la Diputación Provincial. En el balcón sólo ondea la bandera española y empiezan los abucheos. Por eso y porque en los portales de la Diputación hay un grupo de fascistas, camisa azul y brazo en alto, insultando al personal protegidos por numerosos efectivos de la Policía Armada. En pleno intercambio de patronímicos altisonantes, el joven Juan Manuel Trinidad Berlanga, escayolista de profesión, se encarama al balcón y cuelga la bandera de Andalucía. Alguien da la orden y la policía carga disparando pelotas de goma y botes de humo. Hasta que se aburren. Y sacan las pistolas. Y un cabo dispara sobre Manuel José García Caparrós, 18 años, trabajador en la fábrica de cerveza Victoria, militante de CC.OO, que cae muerto allí mismo.

La policía continua la juerga y llega a ametrallar la fachada del Hospital Civil, que atiende a numerosos heridos. Esa misma noche dimite ‘Pancho’ Cabezas y desaparece del mapa, inmune a cualquier responsabilidad, amparado por sus buenas relaciones con Girón de Velasco y Utrera Molina.

El periodista Rafael Rodríguez califica los hechos de asesinato desde los micrófonos de Radio Juventud, lo cual enfurece mucho al ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, instalado en su dinámica de ‘lo suyo son asesinatos, lo nuestro son errores’. Al día siguiente un grupo de guardias civiles entran en los estudios de Radio Juventud y le dan una paliza a Rafael Rodríguez, por bocazas.

El gobernador civil, Enrique Riverola Pelayo, promete una investigación hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Martín Villa encarga la investigación al subdirector General de Seguridad, José Sáinz González, bregado en la Brigada Político Social de Bilbo, estrella invitada en muchos interrogatorios y reconocido torturador, medalla de oro al mérito policial en 1979 y distinguido con la Pantortilla de Oro por la Peña Campurriana de Santander (sic).

El caso lo instruye Mariano Fernández Ballesta, notorio franquista que desarrollará una plácida carrera judicial. Al mes de papeleo decide dejarlo en manos de la jurisdicción militar. Los familiares son tratados por los tribunales como pelotas de ping-pong. Una comisión parlamentaria no llega a ninguna conclusión y los partidos parlamentarios exhiben consenso y concordia. En los siete años y medio que dura la instrucción nadie es juzgado. A los ocho años el sumario es sobreseído y acaba desapareciendo misteriosamente de los archivos de la Audiencia Provincial de Málaga.

En realidad la comisión parlamentaria sí sacó conclusiones. Concluyó que mejor callarse la boca. Se sabe que el autor del asesinato es un cabo primera del que sólo traslucen sus iniciales. M.P.R. Felizmente jubilado y fenecido hace unos años. 40 años después el Congreso sigue prefiriendo callar la boca y vetar algunas actas de la investigación pese a los intentos por aportar luz de la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere, y pese a las investigaciones de la secretaria judicial Rosa Burgos, vertidas en Las muertes de García Caparrós, trabajo ampliado del precedente La muerte de García Caparrós, ambos editados por la revista malagueña El Observador.

En 2002, el alcalde del PP de Málaga, Francisco Manuel de la Torre Prados, inaugura una placa en memoria de Manuel José García Caparrós. O por lo que algunos entienden por memoria. Es una placa de mala muerte. Está colocada en un lugar equivocado, le han escrito mal el nombre y no hay mención alguna a cómo murió. El señor alcalde era diputado de UCD y miembro de la comisión que enterró en cal viva los informes sobre el asesinato de García Caparrós en 1978. Primero te matan con plomo y luego a culatazos de infamia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada