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divendres, 12 de maig de 2017

Francisco Javier Elola Díaz-Varela. 1939.


'No me conceptúo reo de delito de rebelión militar, porque no me levanté contra la Constitución del Estado, ni del Jefe del mismo, ni de las Cortes, ni del Gobierno formalmente legítimo. Surge la rebelión por el alzamiento colectivo en armas contra un poder legalmente constituido. En 18 de julio de 1936 existía un Estado con todas las condiciones jurídicas y reales a las que debía su ser en el mundo internacional. Era el de la República Española. Se regía por una Ley fundamental: la Constitución de diciembre de 1931. Real y jurídicamente la rebeldía estaba en el campo de los que se levantaron contra el Estado republicano y no se consolidó como tal Poder'.

Francisco Javier Elola Díaz-Varela era un señor de Monforte que consideraba las leyes un pacto civilizado para garantizar la convivencia. Vale, sí, suena muy constitucionalista. Por eso estudió y se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y aprobó las oposiciones a juez y fiscal. Le tocó ejercer de vocal de la Junta Organizadora del Poder Judicial en malos tiempos, más de ordeno y mando que de justicia, con el general Primo de Rivera al frente del cortijo.

Francisco Javier Elola Díaz-Varela luce un prestigio intachable entre sus colegas, que respetan su rectitud, honestidad e inteligencia. Le nombran juez del Distrito de Chamberí de Madrid y representante de la judicatura española en los Congresos Penales Internacionales de París, Bruselas y Budapest.

El 13 de mayo de 1931, el Gobierno provisional lo nombra Fiscal General de la II República, para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo el 31 de julio del mismo año, cargo que compagina con el de diputado a Cortes Constituyentes por Lugo por el Partido Radical de Lerroux, algo rarito cuando defiendes la independencia judicial. No tardará en abandonar el partido de Lerroux.

Desde su silla en las Cortes defiende el derecho de los ciudadanos a ejercer los derechos contemplados en la Constitución y se opone a la utilización de medidas excepcionales para solucionar conflictos. 'El papel de la Justicia está en la realización del derecho, por medio de un juicio de valor secundario que pudiéramos llamar conocimiento. Fuera de eso no tiene ningún poder. La Justicia debe acantonarse en sus respectivas actividades, y dentro de ellas establecer y formar jueces que cumplan con su deber y sean dignos, cultos y amantes de estos movimientos nuevos que, al fin y al cabo, conducen a un mundo nuevo'.

Tras el golpe de Estado fascista de julio del 36, Francisco Javier Elola permanece fiel al Estado de derecho que representa la II República. El 26 de agosto se le nombra Presidente de la Sala III de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y el 27 de agosto Presidente de la Junta de Inspección de Tribunales de Madrid. El 16 de Septiembre de 1936 le nombran instructor del expediente general sobre el movimiento de rebelión militar.

Siempre creyó que las jurisdicciones especiales eran contrarias al espíritu de la II República y en todo momento se negó a convertir los tribunales en una coartada para la venganza. Eso le costó levantar suspicacias y ser apartado de alguna instrucción.

Francisco Javier Elola acompañó al gobierno en sus traslados a Valencia y Barcelona. En Barcelona, en junio del 38, se negó a depurar a la brava a los funcionarios de justicia acusados por el Tribunal de Espionaje y Alta Traición de Catalunya. Tampoco creía que su ideología conservadora o sus creencias religiosas les invalidará como responsables en sus funciones. Consiguió su absolución. Ninguno de aquellos a los que había salvado la vida o librado de prisión dio posteriormente la cara por él, cuando acabada la guerra y negándose a marchar del país, es detenido por las nuevas autoridades y es acusado de un delito de rebelión. El 18 de abril de 1939, el Alto Tribunal de Justicia Militar le condena a muerte 'por un delito de adhesión a la rebelión militar actuando como Juez Especial contra los verdaderos españoles que se sumaron al legítimo Movimiento Militar'.

Francisco Javier Elola Díaz-Varela fue fusilado a las cinco de la mañana del 12 de mayo de 1939 en el Campo de la Bota. Según el certificado de defunción la causa de la muerte fue una 'profusa hemorragia interna'. Una vez muerto se le instruyó expediente de responsabilidad política, por el cual se embargaban los bienes a su viuda y cuatro hijos. Uno de los jueces que instruyó el expediente era uno de aquellos que se libró del paredón gracias a la decidida intervención de Elola Díaz-Varela en los tribunales que presidía.

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