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dimecres, 27 de desembre de 2017

Juan Gerardi. 1922.


'En nuestro compromiso se encuentra la devolución de la memoria. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etcétera, el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social'.
Juan Gerardi

Hoy hubiera cumplido, quizás, 95 años de edad. Juan Gerardi Conedera, obispo guatemalteco que prestó su voz a los humillados de su país. Hijos de italianos, ordenado sacerdote en 1946, ejerció en comunidades rurales y en la periferia capitalina. Aprendió kekchí para decir la misa a los que consideraba sus iguales e impulsó radios en lenguas mayas, frunciendo los ceños de muchas familias católicas de la oligarquía blanca.

El espanto se cernió sobre el país acabando los 70 y Gerardi lo denunció desde su posición, partiédose los hábitos en la educación para formar líderes civiles conscientes de sus derechos. Los que serían asesinado en aquellos años de infamia. La Administración USA, bajo mandato presidencial de Ronald Reagan, consideraba Centroamérica su patio trasero y daba barra libre a dictaduras militares para servir mejos a las corporaciones norteamericanas y reprimir supuestas conspiraciones del comunismo internacional. El mismo Reagan que tras volver de un viaje a Honduras manifestaba sorprendido a la prensa: 'He aprendido mucho. Os sorprenderá, pero resulta que todo aquello son países distintos'.

En Guatemala las operaciones de contrainsurgencia se cebaron en las poblaciones mayas, sindicalistas y activistas por los derechos humanos. El 29 de mayo de 1978, una concentración de campesinos mayas frente al Ayuntameinto de Panzós para reclamar la propiedad de sus tierras, en manos de terratenientes y multinacionales, es disuelta por el Ejército con fuego cruzado de ametralladoras y francotiradores, dejando medio centenar de muertos, incluyendo mujeres y niños, y otro tanto de heridos graves. Juan Gerardi no se calló.

El 31 de enero de 1980, un grupo de indígenas ocupan la embajada española en Guatemala para denuniciar la represión y vejaciones que sufren sus comunidades. La policía guatemalteca toma cartas en el asunto y lo zanja quemándolos en el mismo interior de la embajada con bombas de fósforo blanco. 37 personas arden vivas mientras se impide el acceso a bomberos y cuerpos de socorro. Juan Gerardi no se calló. Igual por eso, aprovechando un viaje al Vaticano, el dictador Fernando Romeo Lucas-García le prohibió volver al país.

En marzo del 82, hay golpe de Estado a cargo de un grupo de jóvenes oficiales que se siden dispuestos a acabar con la corrupción imperante y convocar elecciones en cuanto puedan y haya plenas garantías democráticas. La corrupción les gusta tanto que la adoptan y nunca encuentran el momento para eso de las elecciones. A finales de año, presidencia ya de Efraín Ríos Montt, un batallón de élite del Ejército irrumpe en la aldea de Las Dos Erres, decapitan a machetazos a los adultos, rompen las cabezas de los niños contra rocas y troncos y tras violar a las mujeres las entierran vivas, dejando un reguero de más de 250 muertes. Juan Gerardi, que ya ha vuelto al país, no se calla. El infierno sí es de este mundo.

Juan Gerardi tuvo que esperar a 1988 para poder crear la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, poniéndose al frente del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, un ingente trabajo de documentación y entrevistas que daría como resultado el informe Guatemala: nunca más, presentado el 24 de abril de 1998. Los cuatro volúmenes registran 161.500 personas asesinadas, 50.000 desaparecidas y 1.000.000 de exiliadas y refugiadas. Más del 90% de los crímenes fueron ejecutados por el Ejército y bandas paramilitares, el 90% de las víctimas eran civiles desarmados.

Dos días después de presentar el informe, mientras bajaba de su auto tras aparcar en el garaje de la parroquia, Juan Gerardi es asesinado a golpes en la cabeza con un tocho de cemento, quedando totalmente irreconocible al punto de ser identificado por su anillo episcopal.

La investigación del caso es un chiste malo, con la alteración de la escena del crimen a cargo de oficiales del Estado Mayor Presidencial, servicios de inteligencia, y testigos recibiendo amenazas en forma de llamadas telefónicas de advertencia o de paquetes bomba a domicilio. Las versiones de fiscalía no andaban a la zaga: le colgaron el muerto a un indigente, luego a un perro e incluso difamaron sobre un posible crimen pasional fruto de una supuesta homosexualidad de Gerardi.

En cambio las investigaciones de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica apunta a oficiales del servicio de inteligencia, encabezados por el coronel retirado Byron Lima Estrada y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva. Esa pista es bloqueada con todas las de la ley por una comisión gubernamental constituida por el presidente Alvaro Arzú.

En 1999 toman el caso un nuevo fiscal y un nuevo juez. Intentan primar la honradez y lo pagan marchando al exilio cosidos a amenazas de muerte. Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado recibe la visita de unos individuos que le dejan de recuerdo en tocho de cemento y la amenaza de una pistola cargada sobre la sien de su hijo de cuatro años.

En el año 2000, el testimonio del miembro de los servicios de inteligencia Jorge Aguilar Martínez reafirma la implicación militar en el asesinato. En 2001 la jueza Flor de María García Villatoro ordena la detención de Byron Lima, padre e hijo, y del sargento del Estado Mayor Presidencial José Obdulio Villanueva Arévalo, acusado de ejecución extrajudicial. El fiscal Leopoldo Zeissig formaliza la acusación formal. Jueza y fiscal son hostigados por fuerzas del Estado y varios testigos deben huir al exilio, aún así se celebra el juicio. El Tribunal, ante la sorpresa general de un país sometido a la impunidad de los militares, los considera culpables de asesinato. En octubre de 2002 triquiñuelas legales revocan la sentencia y varios testigos son asesinados. Afortunadamente, en 2003 la Corte Suprema invalidaba la revocación y los tres inculpados cargaban con 30 años de prisión.

Las investigaciones continuaron porque el hilo apuntaba más allá de un coronel retirado y con serios problemas de salud. El sargento Villanueva Arévalo parecía dispuesto a tirar de ese hilo a cambio de rebajar condena. Ese mismo 2003, en un motín en la cárcel donde se encontraba, alguien lo decapitó y calló su boca para siempre.

El coronel Lima Estrada fue puesto en libertad anticipada en 2012 tras cumplir la mitad de sus 20 años de condena. Su hijo, el capitán Lima Oliva, auténtico virrey en el penal donde estaba recluido, moría baleado en el transcurso de un motín. Dicen que cada vez que calla una boca, Alvaro Arzú, ex presidente y actual alcalde de Ciudad de Guatemala, brinda con un suspiro.

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